DOCUMENTO DEL CELS
Después de veinte años, las víctimas del atentado a la AMIA y la sociedad no tienen respuestas. El éxito de las maniobras para encubrir el atentado muestra los vínculos afianzados entre sectores de la justicia federal, de las agencias de inteligencia, de las fuerzas de seguridad y del sistema político. La consecuencia trágica de una confluencia de intereses y desidia es que el atentado más grave del que los argentinos fuimos víctimas permanece impune.
Desde los primeros momentos, la investigación judicial no avanzó sobre líneas que requerían ser profundizadas. Las demoras y los obstáculos en la causa principal que debía investigar el atentado y la que debía hacer lo propio con las maniobras de encubrimiento estuvieron determinados por un entramado ilegal de funcionamiento de las agencias de inteligencia que no fue reformado.
Por ejemplo, en el ámbito de la justicia federal la audiencia para analizar la responsabilidad penal del ex juez Juan José Galeano en el encubrimiento del atentando se realizó con seis años de demora, además hubo fiscales que no impulsaron la investigación y ni siquiera asistían a las audiencias. Como consecuencia, al día de hoy esta causa no tiene fecha para el inicio del juicio oral. Durante estos años, el gobierno nacional dejó pasar la oportunidad de intervenir sobre las estructuras de inteligencia y sus vínculos con la justicia federal, y aceptó las reglas de esa relación. Al mismo tiempo, cuando se pretendió reformar algunos aspectos del sistema de justicia federal la respuesta buscó sostener el status quo.
